POR MÉXICO HOY | 5/10/2026
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Por Lab Incide, Ese Erre y Fondo Chihuahua

El mes pasado llevamos los Diálogos (Im)posibles a Chihuahua para reunir a comunidades y personas defensoras del territorio y el agua provenientes de distintos rincones del Estado y del país. 

La pregunta fundamental era: ¿cómo podemos democratizar el agua? Para ello teníamos que primero comprender quién la tiene y quién decide sobre ella. Después recuperamos experiencias de resistencia frente a los grandes expropiadores de agua, para finalmente pasar a discutir lo que tenemos que hacer para recuperarla como un bien común. 

Durante décadas nos enseñaron que la crisis del agua era culpa nuestra: tardarnos al bañar demasiado, lavar el carro, regar una planta. En Diálogos (Im)posibles: Democratizar Chihuahua, organizado por Lab Incide, ESE-ERRE A.C. y Fondo Chihuahua, comunidades, organizaciones y personas defensoras del territorio plantearon otra lectura: la crisis del agua no es solamente una crisis de escasez. Es una crisis de desigualdad, despojo y poder.

En Chihuahua, así como en muchos estados de nuestro país, mientras miles de personas viven tandeos, se bañan a cubetazos o dependen de pipas, enormes volúmenes de agua sostienen un modelo agroindustrial cada vez más difícil de mantener. Martín Solís, de El Barzón, expuso que 40 de los 61 acuíferos del estado están sobreexplotados y que Chihuahua mantiene alrededor de 640 mil hectáreas de riego, cuando estimó que un manejo sustentable permitiría aproximadamente 215 mil. La concentración de recurso se repite dentro del propio campo: de 26 mil unidades agrícolas con acceso al riego, alrededor de 1,500 concentran 48% de la superficie irrigada. A nivel estatal, la planeación hídrica oficial reconoce que la actividad agroindustrial concentra cerca del 83% del agua, frente a menos del 13% para usos domésticos, urbanos, rurales y pecuarios. 

La discusión, por tanto, no es contra los agricultores. Es sobre qué tipo de agricultura, en manos de quién, para producir qué y a costa de cuánta agua. En Chihuahua es la agroindustria exportadora quien la concentra para producir nuez, alfalfa y algodón, sembradíos no aptos para la región. Estas industrias le roban cada año, dos años a las generaciones que vienen. 

Es así como queda al descubierto la influencia del gran capital en las decisiones de Estado. El encuentro también expuso el acuerdo de cooperación hídrica que el Gobierno de Chihuahua mantiene con el Estado genocida de Israel. Mientras que el gobierno chihuahuense presenta a Israel como referente para la gestión de agua, su gobierno deja a la población palestina sin agua, asedia sus pozos y no permite la entrada de ayuda humanitaria. ¿Cómo nos van a enseñar ellos a usar el agua? En los diálogos se insistió en la importancia de buscar cooperación y conocimiento con pueblos y gobiernos que respeten la vida, el agua y los derechos humanos. 

No basta con preguntar qué tecnología funciona; hay que preguntar de dónde viene, qué modelo de gestión representa y con quién decidimos construir alianzas para administrar un recurso indispensable para la vida.

“Tenemos que estar sumando luchas”, planteó Elena Burns, integrante de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, frente a un marco legal hecho para “extraer, despojar y mantener control”. El desafío, sostuvo, es construir suficiente fuerza para que el gobierno tenga que pedirle permiso al pueblo para decidir sobre el agua. 

Los testimonios mostraron que esa disputa ocurre ya en todo el territorio. En Mogotavo, comunidades rarámuri enfrentan décadas de despojo y la presión de un modelo turístico que consume el agua de una región donde las comunidades padecen su escasez. En Ejido Constitución, campesinos documentaron pozos que denuncian como ilegales y relataron que, incluso después de obtener resoluciones favorables, siguen esperando que la autoridad las haga cumplir. En Tancítaro, comunidades lograron detener tala y perforaciones mediante meses de organización y resistencia. En la Sierra de Juárez, colectivos defienden zonas de recarga frente al avance inmobiliario. La tribu yaqui recordó que el agua no es únicamente un recurso: existen sobre ella derechos ancestrales, históricos, legales y espirituales. 

Las luchas cambian de territorio, pero el conflicto se parece: quienes sostienen la vida tienen que organizarse para defenderla frente a quienes concentran la capacidad de decidir sobre ella.

Los Diálogos (Im)posibles también reunieron experiencias que demuestran que organizarse funciona: vecinas que cerraron avenidas para conseguir agua; comunidades que han detenido proyectos extractivos; pueblos que sostienen décadas de resistencia; litigios, ciencia ciudadana, asambleas, comunicación popular, movilización y alianzas entre campo y ciudad. 

La crisis hídrica no se resolverá convirtiéndonos en mejores policías de nuestras propias llaves, mientras las decisiones importantes permanecen concentradas lejos de las comunidades. 

Democratizar al país también significa democratizar el agua y el territorio. No basta con administrar la escasez. Hay que organizarnos para disputar las decisiones que la producen, la distribuyen y deciden quién tiene derecho al agua y quién se queda sin ella.