POR MÉXICO HOY | 28/09/2026
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Por Félix Hernández Gamundi

La creación de la FISCALÍA ESPECIAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PASADO (FEINDESOPP) (DOF 14 de abril, 2026), será una instancia trascendente si es un medio eficaz para alcanzar LA JUSTICIA, que hoy y siempre es nuestra. Su valor estará en convertir los hechos en justicia que llegue a todas las víctimas del TERRORISMO de ESTADO que fue desplegado de manera sistemática contra el pueblo movilizado, incluyendo el MOVIMIENTO ESTUDIANTIL POPULAR de 1968. 

Durante 58 años, hemos cargado con los daños. El primer crimen fue el genocidio: detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones, ejecuciones masivas, estigmatización, cárcel y persecución sin tregua. El segundo delito contra la Nación y la humanidad fue la denegación del acceso a LA VERDAD Y LA JUSTICIA, que se ha prolongado hasta el día de hoy: archivos reservados, investigaciones inconclusas, órdenes de aprehensión no ejecutadas, impunidad y protección para los perpetradores y, al mismo tiempo, las víctimas obligadas a demostrar, una y otra vez, que lo que vivieron constituye un crimen de lesa humanidad. 

La actuación de la Fiscalía pondrá a prueba la relación de México con su historia y con la democracia. La pregunta decisiva es ¿El Estado que nos gobierna hoy está dispuesto a investigar los actos GENOCIDAS del pasado, con el mismo rigor que exige el clamor del pueblo por la JUSTICIA?

La respuesta no puede darse en un ceremonial. Lo urgente es la apertura de los expedientes que obran en propiedad del Ejército y todas las instancias policiacas, en la desclasificación de las pruebas que de manera ilegal han sido reservadas, en la investigación a los genocidas, vivos o muertos; todo ello para llegar a procesos basados en hechos fundados y castigo a los culpables. El pueblo ya conoce el costo de crear mecanismos que despiertan esperanza y luego dejan a las víctimas frente al mismo muro de la impunidad. La antigua FEMOSPP (2001) abrió vías de investigación, consignó a Echeverría y coacusados, pero los gobiernos en turno torcieron la ley para que todo quedara inconcluso. Múltiples comisiones de la verdad han documentado las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, pero los delitos siguen impunes. Esos antecedentes hacen urgente actuar y obligan a medir con rigor cualquier promesa nueva. 

# Acceso a la información como base para los procesos de justicia.

La Fiscalía requiere recursos, facultades e información íntegra y verificable para avanzar con el apoyo de víctimas y familiares. Esas precisiones importan, pues una facultad anunciada sin presupuesto o sin acceso documental puede quedarse en “letra muerta”. 

Por ello, el MANDATO DE LA CORTE SUPREMA, para que la SEDENA entregue los expedientes de la represión del periodo al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, ES UNA TRAMPA. Esos expedientes deben entregarse a la FGR y al Poder Judicial, pues son las instancias que tienen plenas facultades para investigar y procesar a los perpetradores. 

# Restituir el honor y el ejercicio pleno de todos los derechos.

La verdad tiene una dimensión colectiva e histórica. Permite que la sociedad deje de tratar a las víctimas como parte de una historia vergonzante, al reconocer que sus derechos fueron violentados. Y abre a las generaciones la libertad de organizarse, disentir, protestar y exigir. Estas libertades democráticas no son concesiones graciosas: hemos pagado todos un precio muy alto para aspirar a ellas.

La ley también obliga a definir las garantías de no repetición. El proceso tendrá que examinar qué controles fallaron, quién pudo ordenar abusos y por qué las víctimas carecieron de recursos eficaces de defensa. 

# La repercusión económica: reparar daños y asumir responsabilidades

La represión puede dejar a una familia sin ingresos y obligarla a financiar búsquedas durante años. La prisión injusta, la tortura o la persecución interrumpen estudios, destruyen medios de vida, generan enfermedades mentales y cancelan proyectos de vida. Esos daños se perpetúan y se amplifican ante la falta de justicia. 

Por eso, la reparación no puede reducirse a fijar una suma monetaria. Debe considerar reparaciones integrales que pasan por la atención a la salud, restitución de derechos y medidas de memoria, reintegración social, reversión de sentencias ilegítimas y reconocimiento público de inocencia, restitución del honor y la garantía de una vida digna. 

La impunidad erosiona la confianza en las instituciones y traslada a los hogares costos que corresponden al Estado. No es posible asignar aquí una cifra creíble a ese efecto, pero sí reconocer el mecanismo: cuando las personas deben luchar durante décadas para obtener una respuesta básica, el daño original sigue produciendo consecuencias materiales. Tampoco la obligación de otorgar una indemnización es una moneda de cambio para desmovilizar. 

# La repercusión política: someter el poder a la ley

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla estableció la responsabilidad internacional de México por su desaparición forzada y exigió una investigación, exponiendo una falla profunda de nuestro sistema de justicia. 

A ello se suma el histórico amparo otorgado a los familiares del caso Lucio Cabañas, en el que la SCJN determinó que, por tratarse de un delito de LESA HUMANIDAD que no prescribe, procede el enjuiciamiento de los perpetradores aun cuando hayan muerto. 

La FEINDESOPP podrá avanzar con estas bases. Para ello necesita autonomía, acceso a los archivos, coordinación con las instituciones del Estado y comunicación franca y abierta con las víctimas y sus organizaciones. La prueba más difícil será política. Investigar estos delitos del Estado implica seguir los procesos, incluso cuando conduzcan a decisiones de autoridades, cuerpos de seguridad o redes de encubrimiento. Exige reconstruir cadenas de mando y deslindar la responsabilidad de cada persona involucrada. La gravedad de los hechos no deberá cerrar una investigación porque sus hallazgos resulten incómodos.

Por ello, hoy el llamado es a LUCHAR POR LA MEMORIA, LA JUSTICIA Y LA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN de los actos represivos del Estado contra el pueblo que se organiza y moviliza para defender sus derechos, sus libertades y su futuro con dignidad.

…¿Dónde están nuestros hijos de Ayotzinapa? ¿Dónde están los 43 que nos faltan? 

Integrante de @pormxhoy