POR MÉXICO HOY | 19/10/2026
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Por Bosque Iglesias Guzmán y José E. Carstensen Bache

Un síntoma recurrente frente a las turbulencias de la policrisis epocal que impacta sobre la humanidad toda, y con mayor énfasis en sociedades desiguales, como la mexicana, es la desconexión frente al exceso de situaciones que se perciben, simultáneamente, urgentes e imposibles de resolver. Por más que una persona se informe, con genuina intención de contribuir con el bienestar colectivo es muy común que emerja una especie de desensibilización que, como mecanismo de afrontamiento, le aleja de involucrarse con mayor profundidad y constancia en los esfuerzos por transformar las problemáticas. 

Pero existen situaciones límite que, como la gota que derrama el vaso, logran vencer la desensibilización preventiva, la resistencia a exigir públicamente que cese lo intolerable. El acceso al agua es una de esas situaciones límite, y la defensa y exigencia de la garantía plena del derecho al agua va generando confluencias en las resistencias en el territorio nacional. 

El mes pasado, durante el Diálogo Imposible «Democratizar Chihu-Agua», organizado por Lab Incide, la Eskuela Radical y el Fondo Chihuahua, se expuso una radiografía crítica de la vulnerabilidad hídrica en todo México, con un énfasis en las cuencas del Norte, cuya problemática replica el modelo de despojo extractivista a nivel nacional y global. El panorama estatal está marcado por acuíferos gravemente sobreexplotados y el acaparamiento del recurso por parte de una agricultura de riego tecnificada que concentra el agua en pocas manos financieramente poderosas. En la Sierra Tarahumara —origen geográfico de los grandes ríos del norte— la vida comunitaria rarámuri y el equilibrio ecológico enfrentan amenazas críticas debido a la tala ilegal, la minería depredadora y el control territorial criminal, todo en un contexto de sequías prolongadas y otros impactos del cambio climático. 

Frente a este colapso, las comunidades han articulado resistencias legales determinantes. Destaca el Ejido Benito Juárez en Buenaventura, que dictó una prohibición comunitaria a la minería por 100 años desde 2012, y el litigio del caso LeBarón contra la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en otras coordenadas, la organización comunitaria en Tancítaro, Michoacán, ha blindado bosques y cuencas mediante la resistencia y la gestión territorial colectiva. Estas experiencias evidencian el fracaso de los marcos regulatorios actuales, como la Ley de Aguas Nacionales, calificada por expertos como superficial e insuficiente, heredera del espíritu neoliberal: entreguista y mercantilista. Ese encuentro nos alertó sobre los riesgos inminentes de los cambios a la política nacional antifracking y la instalación desmedida de centros de datos, megaestructuras cuyo consumo masivo de agua amenaza de forma directa el abastecimiento humano y la soberanía de los territorios. 

Unas semanas después del Diálogo, atestiguamos el estallido del descontento en Guadalajara ante una crisis insostenible: el agua corriente presentaba olores fétidos, coloración negra, óxido, parásitos y residuos fecales. Tras una campaña de difusión ciudadana intensificada por la postura hostil y negacionista del gobierno estatal, el 11 de octubre de 2026 más de 15,000 personas marcharon en la capital de Jalisco para defender el derecho humano al agua y rechazar los indicios de una privatización sistemática del servicio, vinculada a intereses corporativos en el Lago de Chapala. 

A pesar de que el Gobernador del Estado había garantizado públicamente que no habría represión, la movilización pacífica culminó en una zona de guerra en las inmediaciones de Casa Jalisco. Unidades antimotines embistieron a la multitud utilizando mangueras de agua a presión y ráfagas constantes de gas lacrimógeno, provocando asfixia, quemaduras y contusiones graves entre los manifestantes. La agresión se agravó por la presencia de infiltrados del lado policial que arrojaron piedras a los asistentes, descalabrando incluso a periodistas y defensores dederechos humanos. El saldo de la brutalidad institucional incluyó a infancias, familias y adultos mayores agredidos, culminando con la detención arbitraria de más de 50 manifestantes. Como es públicamente sabido, las víctimas sufrieron tortura física, vejaciones psicológicas, robos y montajes jurídicos para vinculaciones a proceso penal. 

Es de suma importancia que desde los distintos territorios nos solidaricemos con las exigencias de la población de Guadalajara, y con las resistencias de ejidatarios y comuneros de Chihuahua, en Michoacán… El disfrute del agua es un mínimo no negociable: un Estado que no garantiza el agua está traicionando el contrato social. El agua es un derecho humano y no una mercancía. Así como los cuerpos de agua confluyen al recorrer el territorio, también las resistencias por el agua se van encontrando y entretejiendo en el continuo de la lucha milenaria que aún no termina: la disputa por el bienestar común frente a la avaricia de unos pocos. Del caudal de nuestras confluencias depende que prevalezca la visión del agua como un derecho del que ningún Estado puede desentenderse. 

Integrantes de @pomxhoy