POR MÉXICO HOY | 21/09/2026
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Por Carlos Lavore

Resistencias al extractivismo

Estrechamente ligadas a la colonización del territorio, las actividades extractivas en la península de Yucatán como el turismo masivo, las granjas porcícolas y avícolas, y las agroindustrias con pesticidas, tienen fuerte resistencia en todo el territorio a través de múltiples expresiones sociales. 

El turismo, promovido institucionalmente, involucra masividad de visitantes, megaproyectos mercantiles y habitacionales, privatización de tierras, presión sobre el agua, daños ambientales, destrucción de ecosistemas, desplazamiento de población local, cambio de patrones productivos y sociales, explotación laboral. 

La resistencia a su expansión proviene de una diversidad de colectivos que defienden derechos territoriales y culturales, y promueven modelos alternativos de desarrollo vinculados a la apicultura, la agroecología, el turismo comunitario y responsable y la protección del medio ambiente. 

Pueden contarse ejidos y comunidades en Valladolid, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Hopelchén, Homún, Ixil, Bacalar, Calakmul. También, Amigos de Sian Ka’an, Cenotes Urbanos (colectivo ciudadano de Playa del Carmen), Moce Yax Cuxtal (Movimiento Ciudadano Ecologista Yax Cuxtal) en Playa del Carmen. 

El colectivo Salvemos Mahahual y la asociación Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) consiguieron que la Semarnat detuviera el megaproyecto turístico “Perfect Day México” de la empresa Royal Caribbean que impulsaba el arribo de cruceros con miles de turistas a la pequeña comunidad en un ecosistema delicado (mayo de 2026). La disputa continúa. 

En Chuburná Puerto, la denuncia y movilización ciudadana hizo que la Profepa cancelara provisionalmente el proyecto inmobiliario Las Dunas por afectaciones al ecosistema costero (julio de 2026). Este caso es revelador: fue rechazado en 2023, se cambiaron las reglas territoriales y la Semarnat lo autorizó en abril de 2025 con más del doble de torres y departamentos (de 6 a 14 y de 74 a 138). En oposición se formó el colectivo Salvemos las Dunas, pero dada la colusión de intereses, el final es incierto. 

En distintos municipios existen cooperativas mayas y organizaciones de turismo comunitario, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, la zona de Los Chenes en Campeche y el oriente de Yucatán. Estas organizaciones se oponen al modelo de turismo masivo, favoreciendo turismo de pequeña escala; manejo comunitario de los recursos; distribución local de los beneficios económicos; protección de cenotes, selvas y patrimonio biocultural. 

En Yucatán, puede mencionarse entre otros, la cooperativa U Kuchil Kuxtal en Ek Balam; la operadora de turismo comunitario Co´ox Mayab; la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC) integrada por 24 empresas sociales; el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil; la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc con cinco municipios mayas organizados para la autogestión. 

La expansión de las granjas porcícolas y avícolas en la península de Yucatán tiene la resistencia de múltiples actores, preocupados por la contaminación del acuífero kárstico, los impactos en la salud, los malos olores, la pérdida de biodiversidad y la falta de consulta a las comunidades. 

A pesar de las asimetrías de poder, bajo diversas formas, una férrea oposición es protagonizada por comunidades mayas, organizaciones ambientales, académicos y colectivos ciudadanos, con denuncias, amparos, recursos legales, protestas, manifestaciones, campañas aclaratorias y de sensibilización, presentaciones ante la Semarnat, Profepa, Conagua y autoridades estatales exigiendo clausuras, cancelación de permisos y respeto a las leyes. 

Académicos y especialistas de universidades y centros de investigación estudian y reportan la contaminación del agua, los efectos sobre los cenotes y la biodiversidad, así como el incumplimiento de la legislación ambiental. En tanto, organizaciones civiles y de derechos humanos como Indignación A.C., Greenpeace México, Artículo 19, acompañan jurídicamente a las comunidades y documentan los impactos ambientales. 

Comunidades mayas de distintos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, especialmente en localidades como Sitilpech (Izamal), Homún, Kinchil, Chapab, Maxcanú, Santa María Chi, San Fernando se cuentan entre las que han promovido amparos, denuncias ambientales y procesos de organización en apoyo a los reclamos. 

Colectivos como La Esperanza de Sitilpech, Kanan Lu’um (Chapab) y Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik Injá, impulsan campañas de información, monitoreo ambiental y acciones legales. 

La acción conjunta impide que las autoridades hagan caso omiso de lo que ocurre y se vean obligadas a intervenir. A continuación, algunos ejemplos notorios de sanciones y clausuras aplicadas a distintas empresas: 

Producción Alimentaria Porcícola (PAPO). La comunidad de Homún, en defensa de los cenotes y el acuífero, en octubre de 2018, consiguió una suspensión definitiva de las actividades porcícolas a través de un amparo promovido por niñas, niños y adolescentes. La sentencia fue confirmada por la Suprema Corte en mayo de 2021. 

Clausura de cuatro granjas porcícolas (2021). Después de que 21 comunidades mayas presentaron una denuncia regional por afectaciones ambientales y violaciones a derechos indígenas, Profepa anunció la clausura de las granjas localizadas en Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida. Estas medidas fueron consideradas por las organizaciones denunciantes como el primer resultado concreto de una estrategia jurídica regional. 

Pecuaria Peninsular (Santa María Chi). Este es probablemente el caso más importante porque terminó con una clausura definitiva y el cierre de la granja. En septiembre de 2025 la Procuraduría impuso la clausura total definitiva y ordenó la elaboración de un estudio de daño ambiental y un programa de abandono del sitio. En mayo de 2026 verificó que los más de 41 mil cerdos habían sido retirados y que la granja dejó de operar. 

Granjas avícolas CRÍO. En Kinchil (2025) Profepa clausuró la ampliación de una granja por haber desmontado aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal sin autorización para cambio de uso de suelo y, en Hoctún (2026), impuso otra clausura temporal por el desmonte de 8.9 hectáreas para ampliar instalaciones avícolas sin autorización ambiental. 

La ganadería extensiva y la agricultura industrial con uso intensivo de agroquímicos son otros de los flagelos presentes en la península, con deforestación y desmonte que afecta reservas naturales, selvas medianas y altas. En 2025 se estimaron más de 525.000 hectáreas de selva perdidas en la península (Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable). 

La resistencia frente a la expansión de los cultivos agroindustriales en la península de Yucatán es impulsada por una red de comunidades mayas, organizaciones de productores, colectivos locales y organizaciones de derechos humanos y ambientales (Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México). 

Los repertorios de acción incluyen litigios estratégicos, demandas de consulta indígena, monitoreo comunitario de la deforestación, denuncias por siembra ilegal de transgénicos, campañas públicas y alianzas entre comunidades, organizaciones civiles y académicos. Siguen algunos ejemplos. 

Colectivo Apícola de los Chenes (o Colectivo Apícola Chenero), Hopelchén y comunidades mayas de Tenabo, ambas de Campeche, defienden la apicultura y las abejas nativas y se oponen al cultivo de la soya transgénica, la deforestación y los plaguicidas. Promueven una defensa integral de los territorios, en la que la abeja funciona como un símbolo, además de base productiva e indicador de la salud del ecosistema. Las acciones legales, la organización comunitaria, la denuncia pública, la defensa de los saberes tradicionales y el derecho a la consulta previa y adecuada forman parte de una misma estrategia. 

Comunidades mayas de Hopelchén. Integradas por ejidatarios, apicultores y pequeños productores de localidades como Ich-Ek, Komchén, Xmabén, Bolonchén de Rejón, Cancabchén, Ukum, Santa Rosa, Crucero Oxá, entre otras. Presentaron amparos, denuncias y participaron en la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte. 

Ma OGM (Colectivo Sin Transgénicos). Creada para impedir la introducción de organismos genéticamente modificados, especialmente la soya transgénica. Reúne apicultores, académicos y organizaciones civiles. 

Asociaciones de apicultores mayas de Hopelchén, Tenabo y otros municipios de Campeche, cuyos integrantes dependen de la producción de miel de exportación y consideran que la agricultura industrial amenaza tanto la biodiversidad como la certificación de su miel. 

Sobre conflictos socioambientales en la península de Yucatán, el Colectivo Apícola de los Chenes y las comunidades mayas de Hopelchén son considerados el núcleo más representativo de la resistencia al avance de la agricultura agroindustrial, al haber articulado un movimiento que combina la defensa del territorio, la apicultura y los derechos indígenas mediante estrategias legales y de organización comunitaria. 

En la región de Bacalar, Quintana Roo, las resistencias frente a la expansión de la agricultura mecanizada impulsada por colonias menonitas están conformadas por varios actores. Algunos son organizaciones formalizadas; otros son comunidades, ejidos y redes locales que actúan mediante denuncias, litigios, vigilancia territorial y defensa de prácticas productivas tradicionales. 

Así, los ejidos El Paraíso, El Bajío y San Fernando, comunidades cercanas a la cuenca de la laguna que participan en debates territoriales y ambientales y promueven acciones de resguardo. 

El Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar es otra expresión organizada de defensa territorial indígena en la región. Agua Clara Ciudadanos por Bacalar y Bacalar Consciente, son colectivos ciudadanos surgidos alrededor de la defensa de la Laguna de Bacalar. 

La resistencia en Bacalar puede entenderse como una alianza territorial emergente entre comunidades mayas, defensores de la laguna, productores tradicionales y organizaciones ambientales. Su eje común no es únicamente la presencia menonita, sino la disputa por el modelo de desarrollo: agricultura mecanizada extensiva versus conservación de la selva maya, manejo comunitario del territorio y protección del sistema hídrico de Bacalar. 

En conjunto, las resistencias en la península demandan una forma de gobernar distinta, incluyente y desmercantilizada, lo que significa: 

Respetar los derechos de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas; establecer una regulación ambiental más estricta para las actividades extractivas; agilizar los procedimientos administrativos y judiciales; monitorear y proteger el acuífero y los cenotes de la península; y transparentar los permisos ambientales y el uso del agua. 

No otorgar más autorizaciones de cambio de uso de suelo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe dejar de otorgar permisos para la construcción de megaobras de infraestructura, bancos de material pétreo, turismo masivo, crecimiento inmobiliario y megagranjas porcícolas y avícolas. 

Combatir a quienes talan y queman la selva para monocultivos y ganadería. Apoyar el desarrollo de capacidades comunitarias de vigilancia ambiental con redes de monitoreo y generación de información. 

Fortalecer iniciativas comunitarias. Apoyar la apicultura, la milpa tradicional y el manejo forestal comunitario, ya que las comunidades son clave en la conservación de estos ecosistemas y contribuyen significativamente a su vigilancia y conservación. 

La suma de resistencias y propuestas desplegadas por pueblos, comunidades y colectivos, con apoyo de la reflexión especializada, ofrecen una base rica y sólida para la formulación de políticas públicas realmente incluyentes, igualitarias y respetuosas de la naturaleza. 

Esto significa tener una visión de país construida desde abajo, entre todos, con pensamiento descolonizado. Esa visión plasmada en un proyecto independiente y soberano, con soporte en una institucionalidad no condicionada por los intereses hegemónicos. El proyecto traducido en políticas y programas elaborados con participación de la sociedad, en forma directa y organizada, con autonomía, sin mediaciones ni sesgos interpretativos. La participación social y comunitaria convertida en la médula de una democracia progresista real, sin falsas narrativas ni simulaciones. 

Con información de Ciencia UNAM, SECTUR. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable, Misión Civil de Observación sobre Impactos y Afectaciones del Proyecto Tren Maya, Noticias ONU, Greenpeace, Jaltún, Cartocrítica, Selvame, Chat GPT, Diario de Yucatán, La Chispa, El Universal, Sin Embargo, El País, El Economista, El Financiero, Forbes, Proceso, Animal Político, Expansión, Desinformémonos, Líneas Emergentes, Reforma, Yucatán al minuto, Sol Yucatán, La Jornada, Este País. 

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