POR MÉXICO HOY | 24/08/2026
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Por Carlos Heredia Zubieta

Una nueva oleada del exilio centroamericano tiene lugar en años recientes. No me refiero aquí a la migración histórica por razones económicas, de violencia o ambientales, sino a personas obligadas a salir de su país de origen para protegerse de la persecución a causa de sus ideas o de su papel como críticos u opositores políticos. La gran mayoría se van a Estados Unidos, a España, a Costa Rica, o vienen a México. 

En Nicaragua, a partir de la crisis política en 2018, por el desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus propios ciudadanos, han sido expulsados 222 presos políticos a Estados Unidos, y 135 a Guatemala, mientras que 452 personas han sido privadas de su nacionalidad nicaragüense. Mientras tanto, la representación de México en la OEA reitera su ‘compromiso con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales’,esgrimiendo la ‘autodeterminación de los pueblos’ para absolver a la dictadura en Managua. 

En El Salvador, Nayib Bukele fue electo presidente en 2019 y en marzo de 2022 decretó el régimen de excepción, que continua hasta la fecha. La población carcelaria total supera las 118,000 personas, el 2 por ciento de la población total del país, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Muchos de estos no eran pandilleros, sino exdirigentes políticos, miembros de iglesias, sindicalistas, periodistas, y personas capturadas arbitrariamente. Cristosal y El Faro reportan varios centenares de personas forzadas al exilio por motivos políticos desde 2019, con un aumento notable en 2025. 

En Guatemala se da hoy una situación insólita: en el gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo (14 enero 2024-14 enero 2028), hay exiliados políticos. Da cuenta de ello el Informe ‘La verdad del exilio: ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala’ https://exiliosguatemala.org/explorar-el-informe/, elaborado por un equipo independiente dirigido por el médico y psicólogo Carlos Beristain, y las investigadoras Sonja Perkič-Krempl y Kelsey Alford-Jones -todos con vasta experiencia en procesos de verdad, justicia y reparación en América Latina- con el apoyo de Casa Centroamérica https://casacentroamerica.mx/ en la CDMX. 

El Informe reúne 132 testimonios de personas obligadas a salir durante la gestión de Consuelo Porras, titular del Ministerio Público (MP) en los gobiernos de los presidentes Jimmy Morales (2016-2020), Alejandro Giammattei (2020-2024) y del propio Arévalo. Entre las personas criminalizadas están abogados, jueces, defensores de derechos humanos, autoridades ancestrales, y periodistas que investigaron el involucramiento de las cúpulas políticas, económicas y militares en estructuras de violencia que se amalgaman con procesos de crimen organizado ycorrupción de alto nivel (el llamado ‘pacto de corruptos’). 

Las comunidades de exiliados exigen que el gobierno del presidente Arévalo reconozca públicamente a las personas afectadas, cierre los casos espurios, cree un mecanismo de atención y acompañamiento para quienes permanecen en el extranjero, e impulse el desmantelamiento de la maquinaria de persecución y criminalización. 

Escribe Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU: ‘Apoyar a los exiliados y hacer posible su retorno es fundamental para fortalecer la esperanza y la democracia en Guatemala’. 

Profesor asociado en el CIDE. 

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